Artículo de Ricard Valls: 'El ‘caso Millet’, crisis y oportunidad'

La viabilidad de asociaciones y fundaciones se basa en la ética aplicada a su organización y gestión

El caso Millet no supone solo la crisis de un modelo de sociedad civil propia de mediados del siglo XX, sino que debe suponer una oportunidad para mejorarla y poner a cada uno en su sitio. La sociedad civil catalana la integran más de 16.000 asociaciones y fundaciones, con finalidades y objetivos diversos, pero que reciben el apoyo, con sus cuotas, donaciones y el voluntariado, de cerca de un millón de ciudadanos.

La identidad diferencial de estas asociaciones y fundaciones que integran el tercer sector es no tener el lucro como fin y realizar actividades de interés general para la sociedad; estos dos fundamentos y el trabajo responsable, serio y constante a lo largo de los años les han dado la confianza creciente de los ciudadanos. Esta confianza permite que entidades que van desde la asociación de familiares de pacientes de alzhéimer de Manresa, las asociaciones de las fiestas de Gràcia y el propio Orfeó Català hasta grandes oenegés como la Cruz Roja, Médicos sin Fronteras e Intermón-Oxfam tengan socios fieles, reciban donaciones de los ciudadanos y tengan voluntarios.

SFlbHay escasa información de calidad sobre el conjunto de nuestra sociedad civil: según el Anuari 2008 del Tercer Sector Social en Catalunya, realizado por la Taula, hay más de 7.500 asociaciones, fundaciones y cooperativas sociales, con más de 245.000 voluntarios. Un 38% de estas organizaciones son voluntarias y, por tanto, no tienen a ninguna persona contratada, a pesar de que el sector en su conjunto da empleo a más de 100.000 personas.
En Catalunya, las aportaciones de las empresas y las corporaciones a las asociaciones y fundaciones no supera el 1,5% del presupuesto de ingresos, mientras que las donaciones y cuotas de socios representan el 33%. Son aportaciones anuales de 100 euros de media por parte de sus centenares de miles de socios de la clase media, que son fieles en sus cuotas durante una media de 7 a 8 años.

Esta realidad contrasta con la visión de que la generosidad es exclusiva de las grandes familias y las empresas: según estudios internacionales, en porcentaje sobre sus ingresos las donaciones que realizan las clases medias son el doble del porcentaje sobre los ingresos de las donaciones de los grandes patrimonios.

La viabilidad del tercer sector se basa en la ética aplicada a su organización, gestión y funcionamiento: como ejemplo, los salarios en el nivel directivo del tercer sector social en Catalunya están muy por debajo de los de la empresa privada, lejos del salario y las comisiones por captación de fondos del caso Millet. Estas comisiones, por otra parte, están prohibidas en los códigos éticos profesionales internacionales de captación de fondos, suscritos en España por la Asociación Española de Fundraising: captar fondos es una profesión emergente, pero estrictamente autorregulada.

No distribuir beneficios no supone imputarlos a los salarios de los directivos, como ocurre en algunas asociaciones del ámbito del deporte, fundaciones del ámbito de la cultura y la salud, porque son contradictorias con el interés general que persiguen.

Se debería avanzar no tanto con nuevas regulaciones restrictivas, que ya lo son suficientemente, como en códigos de buen gobierno que contemplen: la limitación de mandatos de los cargos de presidente y patronos y el ejercicio responsable, con todas las consecuencias, de sus funciones de dirección y control, frente a directivos que solo utilizan los patronatos para conseguir sus propios fines. El caso Millet ofrece un déficit en cuatro aspectos clave: ética, buen gobierno, responsabilidad del patronato y falta de control público.

Finalmente, queda un reto por resolver. Las fundaciones y asociaciones disponen de beneficios fiscales escasos: un 60% de deducción de las donaciones en Francia frente el 25% en España, pero que les permite acceder a subvenciones, lo que ha provocado el abuso en la creación de fundaciones para realizar actividades estrictamente empresariales o instrumentales para la prestación de servicios. No parece razonable que una asociación de voluntariado contra la exclusión social tenga los mismos beneficios fiscales que la Fundació del Barça, que algunas fundaciones y consorcios culturales en los que la Administración es arte y parte y que fundaciones del ámbito de la salud que son solo prestadoras de servicios públicos.

En varios países, como Gran Bretaña, Francia e Italia, se ha avanzado en este ámbito con la diferenciación de trato fiscal en la medida en que la organización cumpla una función de interés general real, o con la creación de las denominadas empresas sociales: SA o SL con un fin de interés general, que no distribuyen beneficios, que deben seguir ciertas pautas de buen gobierno, pero que no tienen beneficios fiscales ni pueden recibir subvenciones.
Debemos aprovechar el efecto Millet para avanzar hacia una sociedad civil más clara y transparente. No nos podemos permitir también en la sociedad civil la falta de ética, buen gobierno y claridad sobre lo que es el interés general.

* Director de Antares Consulting.SFlbTesorero de la Asociación Europea de Captación de Fondos.