El sector de las residencias requiere unos 6.000 millones

Los expertos creen necesaria una reconversión que afecta a la mitad de las plazas existentes


Alrededor de 6.000 millones de euros. Ese es el volumen de inversión mínima que requerirá el sector de la atención a las personas mayores en un futuro no muy lejano. «Alrededor de unas 160.000 plazas, que son la mitad de las existentes, se tendrán que cerrar o renovar», explica Jorge Guarner, consejero delegado de SarQuavitae, la firma líder del sector.

 

Después de que inversores oportunistas empujados por el boom inmobiliario hayan huido, queda pendiente la concentración, como ha sucedido en países en los que el negocio lleva más años regulado, como Francia, Alemania o el Reino Unido. Antes que llegue esa etapa será preciso formular «condiciones estables en la acreditación de los servicios que forman parte del sistema», según un estudio de Antares Consulting. Las normativas que preparan las comunidades autónomas harán evolucionar al sector «hacia determinados estándares de calidad».


Es algo que se detecta claramente al ver que de las más de 320.000 plazas residenciales para mayores existentes en la actualidad en España, «la mitad son centros de menos de 50 camas», explica Guarner. Hace falta, asegura, un proceso de depuración como el que en su día se produjo en los centros sanitarios concertados porque no todos los establecimientos tienen por qué hacerlo todo y puede haber renovación, especialización y otros cambios, augura este directivo.


Otra de las cuestiones que afectan al sector son unos márgenes bajos. «No crece la demanda y el precio que paga la Administración es muy justo. Hay comunidades con una única tarifa, independientemente del grado de dependencia del beneficiario», explica Montserrat Cervera, socia-directora de Antares Consulting. Más del 70% de las plazas existentes son privadas.


Según esta consultora, la tarifa media concertada (sin IVA) es de 53,95 euros, frente a unos costes medios (sin IVA) de 70,89 por estancia y día. Eso significa que, en promedio, el precio que se paga desde el sector público solo cubre tres cuartas partes de los costes.


A la larga, las tarifas que pagan las administraciones tendrán que subir. Mientras eso no suceda «la subfinanciación de las plazas concertadas va a ser un problema que repercutirá en el crecimiento, modernización y estructuración del sector», según la consultora. La facturación agregada es de unos 1.300 millones de euros anuales.


El panorama hacia el que se dirige esta actividad económica, desde la óptica de Antares Consulting, es muy evidente: «los grandes operadores seguirán liderando el cambio, pero los no tan grandes van a tener que sumar volumen de negocio y diversidad de actividades para mantenerse en el mercado».


Y es que la quinta parte de las plazas existentes están vacías, según la Federación Empresarial de Atención a la Dependencia (FED). Y los recortes presupuestarios públicos hacen difícil que la tendencia pueda mejorar en un futuro inmediato.


No es de extrañar que «en los últimos meses, un total de 116 proyectos anunciados con anterioridad hayan sido paralizados. A esta cifra habría que añadir los centros cuya construcción ha sido desestimada, fundamentalmente por criterios de rentabilidad o por falta de financiación», según un análisis realizado por Sanimarket que recoge Antares Consulting. Casi la mitad de esos proyectos están relacionados con Administraciones públicas, en especial ayuntamientos.
 


Fuente: El Periódico. Sección +Innovación
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